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martes, 5 de mayo de 2009

“Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo”



ANDRES CARRASCO, PROFESOR DE EMBRIOLOGIA DE LA UBA, INVESTIGADOR DEL CONICET, DENUNCIANTE DE LOS EFECTOS DEL GLIFOSATO

Hace dos semanas denunció en Página/12 los efectos devastadores del compuesto herbicida sobre los embriones humanos. Esperaba una reacción, “pero no tan violenta”: fue amenazado, le armaron una campaña de desprestigio y hasta afirmaron que sus investigaciones no existían. Carrasco contesta y renueva sus cargos contra las multinacionales químicas.

Amenazas anónimas, campaña de desprestigio mediáticas y presiones políticas fueron algunas de las consecuencias de un doble pecado, investigar los efectos sanitarios del modelo agropecuario y, más grave aún, animarse a difundirlos. En el segundo piso de la Facultad de Medicina de la UBA trabaja Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Con treinta años de trabajo científico y académico, confirmó hace veinte días el efecto letal del glifosato en embriones, cuya marca comercial más famosa es Roundup, de la multinacional Monsanto. Sabía que vendría una réplica del sector, pero no esperaba que fuera de un calibre tan alto. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron”, explica, en su oficina pequeña y luminosa. Pasaron dos semanas complejas, con una campaña de desprestigio que aún no termina. Prefirió el silencio y avanzar en nuevas pruebas. Hasta que pusieron en duda la existencia de su investigación. “Creen que pueden ensuciar fácilmente treinta años de carrera. Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria.”
Veinte días atrás, cuando este diario difundió su investigación, ninguna empresa ni medio del sector retomó el tema. Pero tres días después se conoció otro hecho, inesperado: la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por el cual solicitó la prohibición de uso y venta hasta tanto no se investiguen sus efectos en la salud y el ambiente. Las empresas encendieron luces amarillas y comenzaron con comunicados, alarmadas por la posible baja de rentabilidad. Cinco días después, el lunes 20, el Ministerio de Defensa prohibió la siembra de soja en sus campos, haciéndose eco del efecto nocivo del agrotóxico. Fue un hecho político inédito, una cartera nacional alertó sobre los males de los agroquímicos. En ese momento, empresas, cámaras del sector, medios de comunicación y operadores políticos declararon el alerta máxima. Nunca antes las multinacionales del agro y sus voceros habían reaccionado tan violentamente. Durante toda la semana montaron una campaña en defensa de los agrotóxicos y, al mismo tiempo, de desprestigio hacia las voces críticas. El temor de los sostenedores de los agronegocios es la prohibición de su agrotóxico más famoso, uno de los químicos emblema del modelo agropecuario actual.

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