Esteban Branco Capitanich

COMO SUBSISTEN LAS LINEAS AÉREAS QUE REGALAN PASAJES

Las grandes aerolíneas, con precios altos, altísimos en casos sobreviven a los tropezones. Aerolineas Argentinas es un ejemplo. Claro, son las que solo llevan pasajeros y cargas lícitas.

En cambio se multiplican las aerolíneas, con el auspicio del gobierno de las corporaciones, con costos de pasajes inferiores a los micros. Dicho sea de paso, es peligroso que terminen arruinando a las empresas de micros y que cuando se descubra el "secreto" del bajo costo, nos quedemos sin transporte de pasajeros.

Porque ya no caben dudas, y una investigación de Pájaro Rojo, da pautas de complicidades que van mucho mas allá de favores o preocupación por los bolsillos de los usuarios. A punto tal que afirma sin titubeos que "Si el gobierno no promueve las exportaciones de cocaína, lo disimula a la perfección"

Ampliando con mayor contundencia al decir: "la pulverulenta línea blanca que une a Flybondi con Southern Winds, el tráfico de cocaína hacia Europa, asesinatos mafiosos y la impunidad que pretende (todo indica que conseguirá) para sus amigos involucrados en el encubrimiento de quienes asesinaron a 85 personas el demoler la AMIA, hacen que si es que el gobierno no auspicia y participa de dichas pingües exportaciones, parezca todo lo contrario"

–El lunes el gobierno inscribió al nuevo gremio “low cost” (no se por que putas razones usan -y yo lo pongo por ésta única vez para permitirme este comentario- este término cuando podemos decir "bajo costo") en tiempo récord. Lo encabeza Fernando Granelli, que fue primero piloto militar y luego empleado de Mauricio Macri. Fue cuando la familia del Presidente era dueña de la aerolínea Macair Jet. El nuevo y supuesto defensor de los trabajadores hubo trasladado en avión a Franco y a Mauricio Macri en varias ocasiones. Ahora es piloto de Flybondi, la aerolínea del PRO, la más peligrosa del país. ¿Cuál es la garantía de que Granelli vaya a defender a los trabajadores de Flybondi. Ninguna. ¿Por qué? Porque fue el piloto personal, privado, de la familia Macri.

Afirma Gustavo Vera, hombre cercano al Papa Francisco si los hay: "Todo indica que estamos en presencia de un negocio oscuro. Que detrás de la instalación de una línea de pasajeros de bajo costo lo que se está escondiendo es el transporte de carga, y no precisamente de cosas legales (…) estamos ante un blanqueo de las pistas clandestinas de aterrizaje (…) lo que está haciendo el gobierno es retomar la continuidad de los negocios sucios que había en la base de El Palomar por los que cayeron presos los hermanos Juliá que todavía están detenidos" (N. del E.: ambos purgan sus condenas, Gustavo en Cataluña y Eduardo en Argentina).

Un dato que no mencionado, siguió Vera, es que su secretario general es Matías Miret. Que fue el chofer (sic) que llevaba los 914 kilos (N. del E.: fueron oficialmente  944,5 kilos, y parece obvio que debió tratarse de una tonelada completa, ya que es una extendida costumbre que las fuerzas intervinientes en el descomiso de drogas ilícitas se queden con un porcentaje, que en Europa promedia el 5 por ciento y que en estas pampas puede multiplicarse varias veces) y que estuvo 21 meses preso (en realidad estuvo tras las rejas 23 meses y pico, casi dos años) con los hermanos Juliá, con los que había hecho previamente varios vuelos a (Santa Cruz de la Sierra) Bolivia y estaba, como aquellos, vinculado a narcotraficantes colombianos (…).

Por otra parte hasta hace poco el CEO de Flybondi era (el suizo-británico  Julián) Cook, 

asociado antes en otras “bajo costo”, incluida Southern Winds, con el multimillonario Martín Varsavsky y con Juan José Maggio, el CEO de SW que también aparecería relacionado al doble crimen de Unicenter. Cook fue vinculado a la valija llena de cocaína que apareció dando vueltas en una cinta transportadora del aeropuerto de Barajas en 2004.

La intención de abrir otras pistas de aterrizaje en lugares que escapan a los controles internacionales como en el aeropuerto de San Fernando llama mucho la atención. Hace cosa de dos años hubo en ese aeródromo un allanamiento en el marco de la causa llamada “Soja blanca” por un tráfico de cocaína hacia España, radicada en el Juzgado Correccional Criminal nº 2 de San Martín.

Hace un mes se conoció el breve mensaje en el que la inconfundible voz de Cook le informó a Fernando Granelli, armador del gremio trucho (Sindicato de Trabajadores Dependientes de Empresas Aéreas denominadas de Bajo Costo del Interior del País, es el nombre que se le dio) que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había informado que el Gobierno había dado el OK para su conformación y que la firma era inminente. “Hola Fernando. Me acaba de llamar Dietrich para decirme que hoy firman lo del sindicato. Abrazo. Chau”, le dejó grabado Cook. Impulsada por el eyectado ministro Jorge Triaca, quien terminó firmando la autorización fue el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

La primera actuación relevante del nuevo sindicato amarillo fue convalidar la incorporación de pilotos extranjeros que no pasaron por los exhaustivos controles que si atraviesan los nacionales antes de obtener autorización para conducir un avión de pasajeros de gran porte. Cuando el audio se hizo público Cook se vio forzado a renunciar como CEO de Flybondi. Fue formalmente reemplazado por Andrés Vaccarezza. Pero sigue siendo miembro del directorio y en la práctica sigue dirigiendo la empresa.

Que el Gobierno pague un precio tan alto por sostener a Flybondi (la empresa noruega desistió de asociarse con Flybondi; que tengan que reemplazar a sus directivos; que pretenda imponer de prepo este sindicato trucho que además de proponerse romper el modelo sindical argentino lo que busca es el control férreo y familiar del negocio) tiene que ver con el tráfico de estupefacientes. Hay un montón de elementos que demuestran que la desaparecida ruta a Tacna (ciudad peruana en la frontera con Chile) que tenía Southern Winds ha sido reemplazada por las rutas concedidas a Flybondi (N. del E.: a mediados de diciembre pasado, la Administración Nacional de la Aviación Civil, ANAC, autorizó a que decolen y aterricen vuelos internacionales desde el aeropuerto de El Palomar, Flybondi inaguró seguidamente los vuelos a Asunción). Antes nos querían meter a Avianca, que dicho sea de paso, tiene mucho que ver con los narcos colombianos (N. del E.: Avianca es la aerolínea de bandera de Colombia, pero su filial argentina se formó en base a la formalmente disuelta Macair Jet), con Paul Singer y como es obvio con la familia Macri, dueña de Macair. Familia que también sea dicho de paso, tiene mucho que ver con la famiglie Macrí, uno de los siete clanes de la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa. Que, entre otros negocios, se especializa en el tráfico de estupefacientes.

Aquí aparece en escena Ezequiel Orlando. Dice que el día anterior había hablado con Edgardo Llano, el secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), el mismo que había dicho que “el ministro Dietrich no puede desconocer que al frente del sindicato que él propicia está un narcotraficante”. Orlando dijo en que en el diálogo Llano se había referido a las rutas otorgadas a Flybondi como “rutas narco”

A mediados de noviembre, Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) destacó que “nadie sabe decirnos quien es el verdadero dueño de Flybondi. Todos sospechamos que además de Mario Quintana, detrás puede estar un cartel del narcotráfico subsidiándola”. Acompañado por Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de líneas Aéreas (APLA) y delante de los micrófonos de Radio Cooperativa (AM750) Cirielli explicó que es obvio que la empresa da pérdidas y nadie sabía quién pone el dinero para cubrirlas; se quejó de que la UIF (la Unidad de Investigaciones Financieras que el gobierno puso en manos de ex ejecutivos de lavadores consuetudinarios como el banco HSBC) no investigara un asunto tan flagrante y concluyó en que si no lo hacía es porque, de hacerlo “capaz que llegaríamos a Macri, a Quintana, a algún cartel mexicano de la droga o a algún (financista) europeo”.

Hablando de europeos, uno de los fundadores de Flybondi es el francés Richard Guy Gluzman, ex directivo del Banco Supervielle, asociado en Flybondi y otros emprendimientos con el joven Gastón Parisier. Gluzman fue socio de Mario Quintana –lugarteniente del jefe de Gabinete, Marcos Peña– en el fondo de inversión Pegasus y asesor de la concesionaria de autos de propiedad del ministro Dietrich. Por si quedara alguna duda sobre el íntimo vínculo de Gluzman con el gobierno cambiemita, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, lo nombró “Coordinador de la Mejora Continua de la Gestión” (sic) en la ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo encargada de limpiar lo que desde hace un siglo es un monumento a la contaminación, y por largas temporadas (la finada María Julia Alsogaray había prometido solemnemente descontaminar el cauce del río en el plazo de mil días y zambullirse en sus aguas, al cumplirse dicho plazo) también de la corrupción.

Respecto a lo advertido por Cirielli acerca del evidente déficit operativo de Flybondi, “la pregunta del millón es quién financia sus pérdidas operativas. Solamente los costos del leasing por los aviones que opera y lo utilizado en combustible suponen una inversión difícil de recuperar, especialmente en un contexto de devaluación galopante e insumos dolarizados”, escribieron Sebastián Rodríguez Mora y Tania Rodríguez en la revista Crisis (https://www.revistacrisis.com.ar/notas/radiografia–del–avion–amarillo). Si alguien precisara de una demostración detallada de este aserto puede consultar la recientemente publicada “Historia del Contrabando en la Argentina” (Aguilar, 2018) de Mauro Federico y Fernando Ortega Zabala, quienes demostraron y cuantificaron el importante déficit operativo que arrastró siempre la antecesora de Flybondi, Southern Winds.

Carlos Gustavo “El Pájaro” Luaces fue gerente económico–financiero del PAMI durante el gobierno provisorio de Eduardo Duhalde, cargo al que accedió apadrinado por Luis Barrionuevo, a su vez íntimo de los hermanos Juliá. Cuando asumió la Presidencia Néstor Kirchner designó interventor en el PAMI a Juan González Gaviola, que removió a Luaces de su cargo; seguidamente la Oficina Anticorrupción lo denunció por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y un dictamen de la Auditoria General de la Nación (AGN) lo acusó de violar la Ley de Ética Pública que prohíbe trabajar en el Estado y formar parte al mismo tiempo de empresas que le prestan servicios, ley violada sistemáticamente por el actual Gobierno. Como gerente de PAMI contrataba a sus empresas Federal Aviation y Medical Jet para los vuelos sanitarios de la obra social.

Gustavo Juliá pasaba mucho tiempo en las oficinas de Medical Jet en la calle Cerrito 1050, en el Barrio Norte porteño y sobre la Avenida Nueve de Julio. Era secundado allí por Carlos Gustavo Luaces, su virtual mano derecha desde por lo menos comienzos de los años ’90, cuando Juliá padre era el jefe de la Fuerza Aérea y hacía muy redituables negocios con el “papimafi” Alfredo Yabrán, amo y señor de los aeropuertos. Entonces Gustavo era proveedor del PAMI y fue procesado por sobreprecios en el alquiler de jets privados para viajes sanitarios realizados durante la gestión de Víctor Alderete, preludio de las autocontrataciones que sobrevendrían cuando Barrionuevo consiguiera que se lo nombrara gerente económico–financiero de la gigantesca obra social de los jubilados y pensionados. Julia y Luaces  fueron investigados por la justicia argentina por contrabando de oro. La estrecha relación de ambos, se comprobó, se mantuvo hasta poco antes de que Juliá fuera detenido en Barcelona.

El eslabón

Luaces (foto) fue detenido y juzgado a causa del asesinato de dos narcotraficantes colombianos en la playa de estacionamiento del hipermercado Unicenter, en Martínez, junto a la Panamericana, ocurrido el 24 de julio de 2008, cuando ya había anochecido.

Los sicarios fueron identificados como Víctor Hugo “El Pelado” Ovejero Olmedo y Daniel “El Zurdo” Moreyra, delincuentes polimorfos que se habían especializado en el robo a joyerías, preferentemente en Europa, e integraban la tropa de choque de “La 12” como se ha dado en llamarse la barrabrava de Boca Juniors. El Pelado Ovejero compartió cárcel catalana con Miret, que declararía ante la justicia que en esa circunstancia le había narrado cómo había sido aquella doble ejecución. El segundo, el correntino Moreyra había viajado con Luaces al Uruguay dos días antes de matar a los colombianos. Ambos pistoleros se comunicaron con Luaces poco antes del crimen y el Zurdo Moreyra utilizaba un teléfono a nombre de Federal Aviation que según Gustavo Juliá era el que habitualmente usaba Luaces. Tanto Juliá como Luaces serian relacionados por medios periodísticos en 2010 con la banda de narcotraficantes que integraba la modelo bogotana Angie Sanclemente Valencia, detenida en Buenos Aires.

Según la acusación del fiscal Fernando Domínguez, los ejecutores del doble asesinato de Unicenter tenían como jefe directo a Richard William “El Uruguayo” Laluz Fernández, uno de los cabecillas de “La 12”, quien en 2011 quedaría parapléjico luego de recibir dos balazos en la espalda. Laluz Fernández sería detenido en 2015 cuando intentaba introducir 15 kilos de cocaína en su Uruguay natal. El fiscal Domínguez señaló el crimen había sido coordinado por Mario Martín López Magallanes, ex socio del Sebastián Forza, asesinado en el llamado Triple Crimen de General Rodríguez. Sostuvo también que López Magallanes estaba relacionado con Luis Marcelo Tarzia, quien “cocinaba” drogas a base de efedrina en una quinta de Ingeniero Maschwitz para un cartel mexicano.

Según el fiscal, López Magallanes había coordinado la operación del doble asesinato en conjunto con Luaces, quien estaba asociado con Gustavo Juliá en la firma GG Gold, radicada en Miami, que ambos habrían utilizado para exportar ilegalmente oro, la manera con la que habrían blanqueado el producto de recurrentes exportaciones de cocaína.

Siempre según el fiscal Domínguez, Gustavo Juliá gozaba de la protección del fiscal general de San Isidro, Julio Novo superior jerárquico de su cuñada, la fiscal María Inés Domínguez, socia y apoderada además de Federal Aviation SA. La fiscal Domínguez tenía a su vez amigos emparentados con los cónyuges Gustavo Adolfo Juliá y Amelia del Carmen Domínguez; que es superior jerárquicolo era también de Mariana Busse, pareja del abogado defensor de Gustavo Adolfo Juliá, Carlos Alberto Broitman. Por fin, María Inés Domínguez registraba con la mayoría de los enjuiciados “fluidos contactos telefónicos”.

Este enjambre de relaciones fue puesto en evidencia por Horacio Verbitsky, que en enero de 2015 publico una larga nota titulada “La puerta giratoria” cuyo copete informó que el fiscal Novo “fue imputado por encubrimiento de narcotráfico” y que una secretaria suya “fue abogada de Gustavo Juliá y obstruyó la investigación sobre crímenes que podían llevar a su cliente”, mientras que una “fiscal dependiente de Novo es cuñada de Juliá; la pareja de Novo mantuvo contacto con el defensor de un sicario de Unicenter y un testigo del fiscal es pariente politico de Juliá”, por lo que el gran periodista preguntaba tan retórica como irónicamente: “¿Puede haber narco sin ramificación judicial?”.

En este contexto, no puede sorprender que mientras los ejecutores materiales del doble asesinato, El Zurdo Moreyra y El Pelado Ovejero fueron condenados en un proceso oral y público, los otros tres acusados fueron absueltos. Como si aquellos hubieran actuado por iniciativa individual, sin contar con quiens les pagaran ni con el apoyo operativo que durante el juicio había quedado en evidencia.

Para la justicia española, está comprobado que la cocaína de alta pureza incautada en Barcelona le había sido provista a los Juliá por el colombiano John Wilson Díaz Vélez, residente en Santa Cruz de la Sierra, ciudad del llano boliviano a la que los Juliá habían visitado en abril de 2010.

Los Juliá y el narco colombiano John Wilson Díaz Vélez se habían conocido poco antes, a principios de ese año, cuando los presentó un amigo común, el ubicuo Gustavo Luaces, quien a su vez lo había conocido a través de un amigo de la infancia, Daniel Amitrano, puntualizaron Federico y Ortega Zabala en la obra ya citada.

Al rescate de los amigos

Hoy, tras dar un copernicano giro de 180º, el Gobierno aboga por la impunidad del comisario Jorge “El Fino” Palacios y de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, tres amigos a los que hasta hace un año  el Estado acusaba de complicidad con el encubrimiento de los asesinos de la AMIA.  Este giro copernicano provocó en su momento un ataque de ira de Elisa Carrió, que  respondió arremetiendo contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. Sin embargo, poco después la legisladora pitonisa enfundó el violín en bolsa y se calló.

Quien no lo hizo fue el ex titular de la UEI-AMIA Mario Cimadevilla, un ex senador radical por Chubut nombrado por el presidente Macri y despedido  por el mismo Macri sin agradecerle los servicios prestados cuando disolvió de un plumazo la citada unidad, que tenía rango de secretaría. En un póstumo informe de gestión de unas 50 páginas que tituló “InfAMIA” (N. del E.: ¡Como el último libro de quien escribe!) Cimadevilla se quejó amargamente de aquella digitación y admitió que no hay pruebas de que en la AMIA haya explotado una supuesta Trafic-bomba, y menos aun que incriminen a miembros del Hezbolá libanes. Por fin aceptó a regañadientes que tampoco las hay de que hayan participado ciudadanos iraníes, no hablemos ya de los altos funcionarios a los que el fiscal Natalio Alberto Nisnam había acusado sin pruebas para solaz de las embajadas de los Estados Unidos e Israel.

El comisario Palacios en el medio, juzgado por encubrimiento en el caso AMIA. Será absuelto por falta de pruebas.

Palacios fue puesto al frente de la nueva Policía Metropolitana por Macri a pesar de sus antecedentes que incluían amistad con asesinos seriales y secuestradores extorsivos. Cuando el conocimiento público de estas amistades lo obligaron a renunciar, Macri apenas atinó a balbucear que Palacios le había sido recomendado por las embajadas de los Estados Unidos e Israel (ver aquí y aquí).

Palacios, Mullen y Barbaccia tienen también en común, además de haber apañado en su accionar delictivo al destituido juez Juan José Galeano, haber sido jefe de Seguridad y abogados, respectivamente, de la narcoaerolínea Southern Winds.

Lo que acarrea un déja vù de la década de los 90 y su abudancia de pizzas, champagne y polvo de estrellas, decáca que preludió la profunda crisis de fines de 2001. Nada comparable a lo que sucede ahora, cuando lo peor ya pasó, estamos en las sabias manos del FMI, está probado que protervos iraníes vinieron, se fueron y en el ínterin volaron la AMIA,  que el derribo de un jet en Panamá no tuvo nada que ver con ello; que a Nisman lo asesinó un comando venezolano-iraní entrenado en Cuba y que el Gobierno tiene como prioridad la lucha contra el narcotráfico.

Fuente: PÁJARO ROJO