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domingo, 14 de diciembre de 2008

QUE NO CALLEN NI ECHEN CULPAS A OTROS. BUSSI, DE ANGELI, ORSOLINI, Y SUS SOCIOS GOLPISTAS DE LA SOCIEDAD RURAL SON LOS RESPONSABLES.

Tambien sería importante que hicieran pública su autocrítica los impulsores locales de la feroz embestida contra el gobierno nacional y provincial al momento de discutirse las resolución 125. Los diputados Dudik, Melar, Guc, Rozas, entre otros, los dirigentes locales de la Federación Agraria como Polich, Alicia Tomaszuk, los productores que atacaron al gobernador en Pampa del Infierno, y todos los que con tanta soberbia como ignorancia e hipocresia se decían dueños de la verdad. Los que con cinismo decían defender a los pequeños productores mientras los usaban para proteger los intereses de sus explotadores son responsables no solo de la situación actual, sino de las enormes pérdidas que le provocaron a todo el pueblo argentino parando el país con autoritarismo y prepotencia. La alianza de la Federación Agraria con los sectores mas retardatarios y antipopulares de la argentina marca una bisagra en la relación de esta organización y el pueblo argentino. Sus actuales dirigentes pasarán a la historia por su abrazo con la oligarquía golpista y el explícito atentado a las instituciones de la república. Como suele ocurrir con dirigentes pseudoprogresistas como Buzzi, con convicciones prestadas y acomodadas a los tiempos pero sin basamento ideológico, encandilados por las luces del poder y empujados en las luchas internas por personajes grotescos como De Angeli, terminan demostrando que jamás levantaron seriamente las banderas de defensa de los pequeños productores.
El artículo que sigue es clarificador, fué escrito por Horacio Verbitsky y publicado por Página 12
Buzzi lo hizo
Los dos emergentes mediáticos de las cámaras patronales agropecuarias reaparecieron en el espacio público, cada uno a su manera. Eduardo Buzzi llevó al Congreso un proyecto de ley que propone suprimir las retenciones, salvo para los más grandes. Alfredo De Angeli encabezó una procesión de tractores y cosechadoras que volcaron apreciable cantidad de trigo en la entrada de la casa de gobierno de Entre Ríos. Buzzi había fijado la meta: desgastar al gobierno. La fecha elegida para comenzar una nueva etapa del plan de lucha corrobora esa lógica: el primer aniversario de la presidencia de CFK. Pero la escasa repercusión de la jugada sugiere que los líderes de la Federación Agraria están sufriendo un desgaste mayor que el gobierno. Se comprende: con la baja de los precios internacionales crece el desfasaje entre los ingresos de sus asociados en la situación actual con los que recibirían si no hubieran volteado la resolución 125 y sus modificaciones. Los voceros de las cámaras patronales señalan que la caída de los precios internacionales de cereales y oleaginosas se combina con el incremento de los costos para producir quebrantos en las empresas agrícolas. Lo que omiten es que esas alternativas habían sido previstas por el Poder Ejecutivo al proponer el sistema de retenciones móviles en lugar de fijas y que fue la enconada resistencia de las cámaras patronales la que impidió su adopción. De haberse aprobado la propuesta oficial, con las correcciones de la Cámara de Diputados, los porcentajes de retenciones serían más bajos ahora y los márgenes brutos de las explotaciones más altos. Las estimaciones que aquí se publican, sobre datos de la Secretaría de Agricultura y de la revista Márgenes Agropecuarios no incluyen la rebaja del 5 por ciento para trigo y maíz anunciada hace diez días, ya que aún no se publicó en el Boletín Oficial. Incluso con esas reducciones todas las alícuotas, salvo la del trigo, superan a las que se pagarían si Cobos no fuera un papá tan atento a las opiniones de su mujer y sus hijas. En maíz se igualarían, en 20 por ciento. (Ver cuadro 1.)
Los márgenes brutos se calcularon para las regiones del país más aptas para los distintos cultivos, con los precios de insumos y diversos costos de noviembre de este año y el precio FOB del jueves 11 de diciembre de 2008. El cálculo es conservador: considera un productor que no posee maquinaria para labranza y cosecha y paga por su uso hasta un 20 por ciento más que los costos del contratista; supone un rinde efectivo máximo al momento de la cosecha de las zonas más productivas igual al esperado al sembrar; sobreestima los costos de producción a su valor de reposición y subestima los ingresos porque imagina un productor que no combina la soja con otros cultivos. Aun así, los márgenes brutos para los grandes productores de trigo en la zona núcleo mejorarían un 20 por ciento con la resolución 125 y para los pequeños productores un 120 por ciento. (Ver cuadro 2.)
En el caso del maíz la situación es más nítida aún. Tanto los grandes como los pequeños productores tendrían márgenes brutos muy superiores a los actuales (+ 175 por ciento y + 160 por ciento). Pero mientras los grandes siguen obteniendo una rentabilidad de 68 dólares por hectárea en la zona núcleo (norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe) los pequeños tienen ahora un quebranto de 56 dólares por hectárea y si se hubiera aprobado la resolución 125 tendrían un margen bruto de 33 dólares por hectárea. (Ver cuadro 3.)
En el tan disputado caso de la soja, los grandes productores de la zona núcleo tendrían márgenes brutos un 7,6 por ciento más altos. Para los pequeños de hasta 1500 toneladas anuales la mejora sería del 9,2 por ciento; para los de hasta 750 toneladas, 10,3 por ciento y para los de hasta 300 toneladas, 11,5 por ciento. (Ver cuadro 4.)
Para los grandes productores de girasol de la zona núcleo (sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la 125 hubiera implicado márgenes brutos 71 por ciento mayores que los actuales y para los pequeños del 265 por ciento. (Ver cuadro 5.)
Arriba o abajo

Sobre la base de estos datos, salvo en el caso del maíz carecería de sentido económico cualquier nuevo ajuste de las retenciones. La cuestión es saber si para el gobierno también carecería de sentido político, o mejor dicho electoral. Tal vez no, si se atiende a la baja de los aportes patronales que la presidente anunció a la UIA. Una de las observaciones más repetidas en el segundo trimestre de este año fue que el gobierno cometió el error de confrontar con sectores sociales que en forma masiva habían votado por CFK. Esa hostilidad de las clases medias rurales contra un gobierno que las benefició como ninguno, se expandió luego a las ciudades, donde la presidente no es menos odiada de lo que lo fuera Evita. La fantasía de recuperar esas adhesiones puede inspirar políticas distributivas en una dirección errónea. Entre los planes de financiamiento para automotores de 50.000 pesos y la canasta navideña de 9 pesos hay un abanico de posibilidades enorme y no es seguro que el gobierno lo apunte hacia la parte inferior de la escala. Estimaciones aún inéditas de Artemio López afirman que entre octubre de 2007 y de 2008 la población bajo la línea de la pobreza creció, de 19 a 24 por ciento. Dicho en términos menos fríos, que 11,1 millones de personas padecen esa situación. Para llegar a esa cifra, López estimó el valor de la línea de pobreza para un hogar tipo en 1188 pesos mensuales, contra 999 pesos de la medición del Indec. Los últimos datos oficiales sobre ascenso de la desocupación en aglomerados urbanos corroboran este cuadro. Como norma el primer y mayor impacto se produce en los sectores informales más vulnerables. El gobierno fundamentaba la reducción de planes de ayuda en una postura ideológica, que privilegiaba el trabajo sobre la asistencia. Si eso pudo sostenerse en el momento de mayor creación de empleo, es más dudoso ahora. En ese contexto es difícil percibir la ventaja de la anunciada eliminación de la llamada Tablita de Machinea, cuyo efecto será una desgravación del impuesto a las ganancias para el tramo superior de los asalariados, entre el 5 y el 10 por ciento de los trabajadores, con ingresos mensuales superiores a 7000 pesos. CFK dijo que la escala que derogará era regresiva y equivocada y que el dinero extra que percibirán esos trabajadores irá al consumo. El mismo destino tendrían esos fondos si se distribuyeran en la amplia base de la pirámide salarial donde los apremios vuelven a crecer. Constituiría además una política de minoridad, tema tan trajinado por jueces, periodistas y políticos: en la estructura hogareña del Gran Buenos Aires hay un chico por cada cuatro hogares no pobres y también uno por cada hogar indigente. Mañana, Néstor Kirchner asistirá a la asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista bonaerense. Tal vez su titular, el ex intendente de La Matanza Alberto Balestrini, podría ilustrarlo acerca del previsible impacto social (y electoral) de estas novedades en el crítico segundo cordón del Gran Buenos Aires.

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