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jueves, 16 de septiembre de 2010

Qué votaron los cañones el 16 de septiembre de 1955
Por José Luis Di Lorenzo
[¡Viva la Marina! Cartel de la Unión Cívica Radical apoyando el golpe de Estado contra un gobierno elegido por el pueblo]

El proyecto de país que se destruyó a sangre y fuego era el de distribuir para crecer, el de la visión política espacial, el del pleno empleo como garante del mayor nivel salarial, el de la integración latinoamericana.

La década del ‘45 fue precedida por la primera década infame, la del treinta, en la que el conservadurismo terrateniente se apropió del poder mediante el fraude y gobernó el país oligárquicamente en sociedad explícita con Gran Bretaña.

Es el coronel Perón quien, desde el Departamento Nacional del Trabajo, luego Secretaría, inaugura una nueva institucionalidad que incorporó a los trabajadores, quienes de ese modo dejaron de hacer política contra el Estado para pasar a hacerla con el Estado.

Desde el 2 de diciembre de 1943 se concretan las primeras e importantes medidas laborales y sociales: se crea el fuero laboral para resolver conflictos que antes debían solucionarse en forma privada; se otorgan aumentos salariales por decreto; se crea el sueldo anual complementario; se celebran convenios colectivos de trabajo bajo la tutela del Estado, se dictan 111 leyes laborales, todo hasta 1945.

La Argentina de por entonces cuestionaba lo que se dio en denominar la "democracia formal", fundada en el fraude electoral y en los pactos de cúpula entre políticos conservadores y radicales, condenando escandalosos negociados ocurridos en la época que los involucraban, como el de la Chade y el de los terrenos de El Palomar.

Si bien los precios mayoristas habían aumentado un 65,5 por ciento entre 1938 y 1945 y el salario real apenas un 12,3 por ciento, el inicio del reconocimiento a los derechos de los trabajadores por el gobierno del general Edelmiro J. Farrell preocupó a los hasta entonces dueños del poder. Trescientas diecinueve entidades patronales dieron a conocer el "Manifiesto del Comercio y la Industria" por el que protestaban contra la nueva legislación laboral del gobierno. Esta proclama del 16 de junio de 1945 fue suscripta por la Cámara Argentina de Comercio, la Industria y la Producción, Bolsas de Cereales, la Cámara de Grandes Tiendas y la Cámara de Exportadores, a las que un día después adhirieron la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas, agregando su reclamo contra el que consideraban el abusivo "Estatuto del Peón".

Aquella Argentina, la de la Segunda Guerra Mundial, estaba dividida en aliadófilos y germanófilos. Una coalición integrada por socialistas, comunistas, conservadores, radicales y demócratas progresistas, en septiembre de 1945, expresa su enfrentamiento a las políticas que tildan de nazi-fascistas mediante la marcha de "la Constitución y la Libertad", que simbólicamente es encabezada por el embajador norteamericano Spruille Braden. Convocadas las elecciones nacionales, el 24 de febrero de 1946 la fórmula Perón-Quijano obtiene el 56 por ciento de los votos venciendo a la de la Unión Democrática que postulaba a Tamborini-Mosca y representaba a los partidos de la coalición "democrática".

Transcurridos los primeros seis años de gobierno, en 1951, el presidente Perón plebiscita su gestión, logra 4.580.000 votos contra 2.300.000 de la Unión Cívica Radical. El sesenta y seis por ciento de los argentinos lo respaldan.

Sin embargo, los "demócratas", argumentando que intentaban asesinar a Perón, ametrallan y bombardean al pueblo en la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 para luego derrocar al gobierno popular y constitucional mediante el golpe militar de septiembre de 1955. Casualmente en las mismas fechas pero diez años después del "Manifiesto del comercio y la industria", y de "La marcha de la Constitución y la Libertad".

Qué tenían que destruir

En la década de 1945-1955 se sentaron las bases del Proyecto de la Justicia Social, proyecto de país truncado autoritariamente, cuyos pilares constitutivos son la soberanía política, la independencia económica, y la justicia social. La idea dominante es la de pasar de la política representativa a la participativa, construyendo la comunidad organizada como visión superadora del agotado modelo de la partidocracia liberal. Modificando la legitimidad formal expresada en aquello de que "el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes", por la construcción de una nueva legitimidad, la real, en la que "la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el Pueblo quiere y defiende un solo interés: el del Pueblo. El Gobierno es del Pueblo para el Pueblo –agrega– cuando es realmente ejercido por el Pueblo, condición que sólo puede realizar un Pueblo que posee conciencia, organización y personalidad social".

En lo económico, el justicialismo plantea la economía social, que es aquella que pone el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Se trata de una filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista, que procura realizar el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Doctrina social que realiza la justicia social dando a cada persona su derecho en función social. El eje central de la nueva concepción es la armonía: nadie se realiza en una comunidad que no se realiza.

El peronismo asume el agotamiento del proyecto agroexportador impulsando la industrialización. Modifica la estructura económica del país, cancela la deuda externa originada en el gobierno de Bernardino Rivadavia, nacionaliza los servicios públicos, regula los precios y salarios, universaliza la previsión social y la salud pública, califica y también universaliza la educación cuya currícula es el nuevo proyecto de país, genera una fuerte redistribución del ingreso hacia los más postergados, haciendo realidad aquello de que donde hay una necesidad hay un derecho.

Las conquistas sociales son institucionalizadas en la Constitución de 1949, que lleva a la cúspide de la pirámide normativa otra Argentina, la productiva, con empleo, salarios justos, protección a la niñez y la ancianidad, acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, dueña de sus recursos naturales y de sus servicios públicos. El trámite y derogación de facto de esa norma constitucional resulta un caso ejemplar de cómo el cuestionamiento formal fue funcional a que se nos quitaran importantísimos derechos a todos los argentinos.

Durante su trámite, los opositores a la reforma constitucional cuestionaron el quórum para la votación (si dos tercios del Congreso o dos tercios de los presentes), crítica que terminó siendo la justificación confesa de su posterior derogación por el golpe de Estado de 1955, de la que los mismos "demócratas" de la Unión Democrática, que se oponían porque habían perdido poder político y visto afectados sus intereses económicos, participaron activamente. El trasfondo y la realidad era que la oligarquía no podía admitir que se consolidaran constitucionalmente los derechos sociales conquistados por el Pueblo.

Para no discutir obviedades, basta constatar qué paso con nuestros niños, con la educación, con la salud pública, con los mayores, con las jubilaciones, con el empleo, con la vivienda, con el nivel de los salarios, con los recursos naturales, con los servicios públicos, con el endeudamiento externo, con la soberanía política, con la independencia económica. Lo que querían y lograron era quedarse con lo que nos corresponde a casi tres tercios de los argentinos.

El proyecto de país que se destruyó a sangre y fuego era el de distribuir para crecer, el de la visión política espacial, el del pleno empleo como garante del mayor nivel salarial, el de la integración latinoamericana, el de hospitales públicos que garantizaban que la salud no fuera un negocio para pocos, el de la Universidad Obrera, el de la ciencia y tecnología pueblocéntrica, el de la integración de nuestro interior, el de la planificación y sus dos planes quinquenales, el que llevó a más del 50 por ciento de la riqueza la participación de los asalariados, el que mientras se construía el nuevo país socorría con la transitoria e indispensable ayuda social, el de la solidaridad con los pueblos hambreados, el que donó trigo y carnes a la Europa devastada. Demasiado para los mercaderes que sentían que demagógicamente se estaba repartiendo lo que por un supuesto derecho natural les correspondía solamente a ellos.

Un dato es irrefutable, al justicialismo había que derrotarlo por las armas porque tenía ganado el corazón y reconocimiento de la gran mayoría del pueblo. Lo que ocurrió en 1955 y en 1976 también. No se debe olvidar que el golpe de 1955 tuvo un cauce, que motorizó el odio y la división de los argentinos. Camino que transitó falacias, sofismas, blasfemias. Se apelo a Santo Tomás de Aquino y el tiranicidio para justificar el quiebre de la voluntad popular ametrallando al pueblo en aquel junio del ‘55, a levantar la quema de iglesias para ocultar la mutilación y muerte del verdadero templo de Dios, el hombre. A cuestionar por antinacional los acuerdos de 1955 con la Standard Oil que en realidad resentían los intereses petroleros británicos. A difamar a las jovencitas que concurrían a la UES, a demonizar a Perón, a Evita y a los peronistas.

Sin embargo, había objetivos concretos absolutamente emparentados con la Argentina oligarca, la que no bien fue derrocado Perón liquidó el IAPI, liberalizó la economía, privatizó los depósitos bancarios, incorporó a la Argentina a los organismos internacionales de crédito, privatizó las empresas del Estado, decretó la apertura a las inversiones extranjeras, liberó las importaciones, elimino las barreras arancelarias. Sin duda los grandes perjudicados fueron los asalariados a quienes mediante una devaluación del orden del 120 por ciento se les disminuyó su poder de compra y el nivel de participación en la distribución de la riqueza que habían logrado.

Sangre o tiempo

Destruir lo construido fue un objetivo que se mantuvo constante a manos de los "demócratas" realmente germanófilos. Los beneficiarios y partícipes del poder político residual de por entonces se encargaron de silenciar las atrocidades perpetradas contra la democracia. Es más, aún se escucha a quienes fueron comandos civiles horrorizarse cuando manifestantes orinan en la Plaza de Mayo, pero nada dicen ni dijeron de quienes bombardearon ese lugar donde nació la Patria.

No sólo se trató de balas, asesinato, muerte. Hasta nuestros días llega la discusión de que Perón huyó, que no tuvo valor para enfrentar la sedición, que si Evita viviera... Lo que no quieren ver ni admitir es que hubo una decisión clara, no acompañar un baño de sangre entre argentinos, evitando que eventualmente los jacobinos de la libertad, autodenominados libertadores, dividieran a la Argentina en dos, quedándose con el sur petrolero en alianza con Gran Bretaña.

Cincuenta años después de que nos privaron de la libertad en nombre de su defensa, de quienes fueron inmisericordes "en nombre de Dios", de quienes decían defender la Fe y demostraron ser los mercaderes que se apoderaron del templo, es importante tener memoria, y aunque el pueblo sí perdona, no debe olvidar.

El bombardeo a la Plaza de Mayo, el golpe de 1955, el golpe de 1976, el autoritarismo fueron instrumentos del egoísmo de unos pocos que se creen los mejores, superiores, los predestinados, cuando solamente defienden sus propios intereses y las posiciones logradas. Es necesario revisar la historia para no tropezar con la misma piedra, porque aquellos que lo único que quieren es atesorar despreciando al que no tiene porque consideran que es lo que se merece, han quebrado la voluntad comprando y cooptando voluntades, disciplinándonos –o intentando hacerlo– mediante la exclusión y por la necesidad de sobrevivencia, y, aunque con otros ropajes, el ‘55 sigue presente.

Aquella barbarie les costó a los trabajadores algo más de cinco billones de pesos, que dejaron de disponer para mantener su nivel de vida, a lo que se le debe sumar el costo de su salud prepaga, de educar privadamente a sus hijos, de los servicios que si bien son públicos son un pingüe negocio privado. Riqueza que no se perdió, simplemente paso al bolsillo de los pocos que alentaron y alientan conculcar los derechos ciudadanos.

Nuestro pueblo ya ha puesto su sangre, 50 años después es tiempo de remediar lo social reconociendo la verdad histórica y asumiendo que todo proyecto inconcluso llama, reclama. El proyecto que nos arrebataron y sigue pendiente es el de la Justicia Social, necesario para volver a armonizar.

Más información sobre la revolución fusiladora

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