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miércoles, 29 de septiembre de 2010

DOS PROYECTOS, LA MISMA OPOSICIÓN.
Modificación de la Ley de tierras, e incremento del Impuesto Inmobiliario Rural para predios superiores a cuatro mil hectáreas.
Ambos proyectos tienden a poner equidad y justicia a favor de los agricultores familiares de la provincia. De los que cultivan la tierra junto a su familia. De los que hermanados con ella la respetan privilegiando la agricultura por sobre los agronegocios. De los únicos capaces para producir alimentos para todos.
Ambos proyectos son resistidos por los mismos personajes: el rozismo, la Sociedad Rural, Chafor y la Federación Agraria Buzzista.
Todos con una larga y negra historia de egoísmos e insolidaridades. Montados sobre magníficos discursos por democracia, justicia, y verdad, cabalgaron históricamente sobre golpismo, arbitrariedad e hipocresía.



Aseguran que propietarios de cuatro mil hectáreas en el Impenetrable están por debajo de la línea de pobreza. Ahora si se acuerdan de los productores del impenetrable. Vaya indigencia, si a valores de mercado se cotizan entre ocho y veinticinco millones según la zona. Solo los mencionan para capitalizar del conciente colectivo la idea de pobreza en que efectivamente se encuentran aún muchos que en algunas zonas del Impenetrable tienen menos de trescientas hectáreas. Y los mencionan no para ayudarlos, sino porque les conviene usarlos para enmascarar la defensa de sus intereses, en casos totalmente opuestos a los de aquellos.
La perversidad de estos grupos consiste en usar a los beneficiarios de éstos proyectos y mediante el cinismo y el engaño motivarlos en su contra.
Con el proyecto de Ley de tierras agitan el fantasma de que si el estado no entrega las tierras en propiedad nunca tendrán garantías de que serán dueños de la tierra. Cuando el proyecto asegura la posesión de por vida de la misma y transmisible a los hijos. En realidad lo que buscan es que el estado siga vendiendo a veinte pesos la hectárea para que ellos, abusando de las necesidades de los pobres, las adquieran por mil cuando pueden llegar a valer diez mil.
Con descaro instan a los productores pobres a que exijan que el estado entregue en venta todas las tierras productivas que quedan. Pero no responden cuando preguntamos cual es el derecho, no ya de propiedad, sino de posesión de una fracción de tierra para vivir de sus frutos, que se le asegurará a las próximas generaciones de agricultores familiares cuando el estado, habiendo entregado la última hectárea deje la regulación, distribución y uso de la tierra en manos del mercado. Incitan a exigir la entrega en venta de todas las tierras fiscales que quedan, pero plantean que el estado solucione el problema de los banquineros de la zona de General San Martín. Allí ya se entregó la última hectárea de tierra fiscal. Los banquineros son nuestros primeros sin tierra. Sugieren que el estado expropie. Que el estado bobo les expropie a diez mil lo que vendió a veinte pesos y ellos compraron a mil. Quizás abriguen esperanzas que el bobo vuelva a vender garantizándoles un círculo virtuoso.
Con el impuesto Inmobiliario Rural actualmente los terratenientes pagan menos por hectárea por año de lo que cualquier pobre paga en concepto de impuesto por un kilo de pan todos los días. Es decididamente miserable defender tamaña inequidad. Por lo tanto resulta de evidente irresponsabilidad opositora o en su caso favoritismo hacia la concentración de la tierra que algunos diputados hablen de voracidad fiscal cuando se trata de cuatro pesos por hectárea por año para predios de más de cuatro mil hectáreas.
Mal se puede hablar de voracidad fiscal cuando es de estricta justicia que los que más tienen más aporten, y cuando estos aportes tienen por objeto el fortalecimiento de los Consorcios de Servicios Rurales llamados a ser la herramienta de desarrollo de los agricultores familiares. Los mas postergados y olvidados por todos los gobiernos pasados.
Esteban Branco Capitanich
Presidente del Instituto de Colonización.


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