La lucha y los intereses mezquinos sobre las tierras productivas tiene una larga historia.Estamos convencidos que la tierra pública productiva merece un debate serio, fundado, responsable, que privilegie los intereses colectivos por sobre las apetencias individuales. Toda vez que éste debate se ha dado en el marco de la organización de sectores no vinculados a los pequeños productores, a la agricultura familiar, a los verdaderos destinatarios de la tierra fiscal, ha sido evidente la manipulación con el objeto de evitar que graves distorsiones puedan ser remediadas. Y no es casualidad, porque como veremos a continuación en apretada síntesis, los sectores interesados en la acumulación, la especulación y los negocios tienen una larga historia de profundo desprecio por los intereses colectivos. Y también de desprestigio del estado con la clara pretensión que éste abandone su indelegable rol de regulador de este bien social. Si bien los sectores que atizan tal desprestigio son precisamente los que contribuyeron al mismo sentando presidentes en el organismo que hoy están procesados por la justicia, sostenemos que jamás el estado debe abandonar en manos del mercado la administración y regulación de la distribución del uso de la tierra.
Por ello, y para elevar el debate trataremos de exponer algunos tramos de ésta historia para que definitivamente tomemos conciencia que el camino que transitamos no tiene destino. Y no lo tiene por el simple hecho ya expresado que un bien social en modo alguno puede ser considerado una mercancía que sólo está al alcance de quien posea dinero para tomarlo.
Desde la conquista hasta mediados del siglo XX
Las campañas de extermino de los pueblos originarios con el objeto de la conquista y “colonización” del territorio fueron, junto al genocidio, también la avanzada del saqueo, y acumulación que subsiste en este tiempo. Las tierras “conquistadas” a sangre y fuego habían sido objeto de grandes negociados a favor del latifundismo, que encarnaron los más altos funcionarios y militares de la época.
En nuestra provincia los latifundistas se quedaron con todas las tierras mejores, y luego, ni siquiera pagaron lo que les correspondía por ellas.
El Chaco, a través de las informaciones estadísticas que se pusieron en práctica para entregar al latifundio y a la especulación las tierras publicas de todo el país entre ellas las de este territorio, sabe que el origen de todas las dificultades y penurias del agro argentino y en especial del nuestro, se deben casi exclusivamente a aquellas política de despilfarro de tierras, que coloco gran parte del suelo Argentino en manos de empresas o particulares ajenos a las labores agrícolas y que son los que asfixiaban con elevados arriendos a los auténticos agricultores quedándose a veces hasta con el 50% de los beneficios de la producción.
La oposición de estos latifundistas, especuladores y oportunistas mercenarios, tiene historia en el Chaco. Ya en los años treinta, ante las presiones de los auténticos trabajadores de la tierra, funcionarios que pretendían intervenir para modificar la descomunal inequidad reinante eran perseguidos por éstos. Crónicas de la época lo reflejan de la siguiente manera: “...este Director de Tierras que con su plan de ordenamiento de la tierra publica tocará poderosos intereses creados, habrá de ser combatido subterraneamente por los latifundistas y acaparadores de tierras, y porque acaso, una vez mas, esas gravitaciones pueden truncar la profunda transformación económica-social que significaría la ejecución de las patriotas finalidades del citado funcionario...”; “…el actual director de tierras, señor Julio Cesar Urien, se ha expresado en estos términos: son los latifundios constituidos para y exclusivamente por sucesivas transferencias hechas a favor de esas compañías por los propios propietarios de lotes adquiridos al Estado…”
“...queda dicho a través de esta nueva nota periodística y de la referencia a la posesión de los mas altos funcionarios del latifundio y sus orígenes son ampliamente conocidos; pero quede dicho también, que el poder ejecutivo y el parlamento, conocedores a las desastrosas derivaciones de los latifundios, nada hacen por destruir combatiendo esos efectos en sus causas mismas."
Los dramáticos efectos de la primera guerra mundial (1914/17) tuvieron un fuerte impacto en la argentina, y de manera especial en la provincia del Chaco como consecuencia de una corriente inmigratoria europea ávida de tierras fértiles.
A ésta situación, el gobierno nacional respondió con una política de tierras orientada a la ocupación y desarrollo económico de territorios incorporados a nuestro país a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Entre los que se encontraba el Territorio Nacional del Chaco creado en 1872.
La política de tierras del gobierno nacional atravesó distintas etapas. La ley 817 (1876) de “Inmigración y colonización”, fue sucedida por las ley 4167 (1903) que tuvo por objeto ordenar el manejo y distribución de las tierras fiscales. Estableciendo la exploración y mensura, con un fuerte predominio de explotaciones agrícolas para las que se estableció como unidad la fracción de 100 hectáreas.
A fin de fortalecer el desarrollo productivo en 1908 se sanciona la Ley 5559 llamada de “Fomento de Territorios Nacionales” cuya misión era promover obras públicas que facilitaran el poblamiento del territorio.
Entre 1916 y 1947 se crearon 42 colonias agrícolas, la mayoría en el centro del Territorio Nacional del Chaco. Se sumaron luego otras, producto de la subdivisión de grandes propiedades.
Como resultado del avance de la inmigración la población del Territorio del Chaco se incrementó rápidamente. En 1914 el Chaco tenía un total de 46.274 habitantes, en 1920 alcanzaba a 60.564 habitantes y en 1947 llegaba a 430.555 pobladores. De esta forma el Chaco se ubicaba dentro de los primeros territorios nacionales en cuanto a su población.
Todo este proceso se va dando sin modificar sustancialmente la inequidad reinante por la fuerte oposición de los terratenientes que obligaban a las corrientes inmigratorias a ocupar espacios alejados, inexplorados y de más dificultoso acceso a las obras públicas existentes.
Dictadura. Campaña del Oeste. Chaco Puede.
Es en este punto en el que no puede obviarse que el golpe de estado de 1976 no fue una simple explosión de prepotencia militar. Fue un proyecto político conducido por los sectores ultraconservadores integrados por la llamada patria financiera, la oligarquía terrateniente, y los monopolios concentradores de la renta y el producto del esfuerzo de pequeños empresarios campesinos y trabajadores. Con fuerte apoyo de los EE.UU. Todo ello como freno a una creciente corriente nacional y popular con matices diversos que desde la década del 60 fue tomando forma organizativa en pos de la recuperación de estructuras que permitieran el desarrollo de políticas públicas con alto contenido social y distributivo. Este avance de la conciencia de intelectuales, trabajadores, pequeños empresarios, profesionales y campesinos entre los que claramente se destacaban las jóvenes generaciones trajo como consecuencia la recuperación de importantes conquistas que afectaron los intereses monopólicos del poder económico. Entonces queda claro que no se trató de una aventura militar. Tan claro que Martinez de Hoz en representación de ese poder económico fue el ideólogo y ejecutor de todas las políticas de destrucción nacional planificadas antes del golpe, limitándose las fuerzas armadas a la ejecución de las mismas y a la eliminación de todo vestigio de aquel avance de la conciencia nacional y popular.
En 1976 la provincia del Chaco contaba con un complejo agroindustrial algodonero no solo de una magnitud extraordinaria, sino, y es lo más importante, al servicio de los productores y trabajadores. UCAL (Unión de Cooperativas Algodoneras Limitada), contaba con un complejo de 30 cooperativas con sus desmotadoras; dos poderosas y modernas hilanderías, en Barranqueras y Santiago del Estero; una fábrica de algodón hidrófilo en Saenz Peña; un frigorífico y una fraccionadora de vinos.
Este impresionante complejo cooperativo modelo en la argentina se constituyó en el único caso en el país en que los propios productores elaboraban el 80% del producto bruto provincial, con el importantísimo componente social adicional que empleaba cerca de 3.000 obreros con los que compartía el 17,5% de las utilidades. Era imperioso recuperar este enorme negocio para los monopolios. Bunge y Born, Anderson & Clayton, Dreyfus, La Belgo Argentina, no podían seguir aceptando que un grupo de dirigentes jóvenes desde la militancia de las Ligas Agrarias en cinco años hayan convertido al movimiento cooperativo en la gran empresa que beneficiando a miles de agricultores terminaba con las enormes ganancias que a costa del sacrificio de éstos iban a los bolsillos del capital explotador.
Es por eso que en la provincia del Chaco una de las primeras medidas de gobierno del general Antonio Facundo Serrano fue el desmantelamiento del sistema cooperativo y la persecución de todos los dirigentes que no fuesen funcionales al proyecto político de los monopolios. Como ejecutor de las políticas de desmantelamiento del aparato productivo cooperativo actuó el Licenciado Pablo Benedit como Ministro de Economía.
En ese contexto una de las empresas que montó la dictadura giró bajo el engañoso lema “Chaco Puede”, y tuvo como objetivo el negociado de las tierras del Impenetrable en lo que se denominó “La Campaña del Oeste” en la que se gastaron millones de dólares.
Costosos faraónicos proyectos de obras de infraestructura como por ejemplo pavimentación de la ruta Juana Azurduy, perforaciones, diques, embalses, represas, sistemas de canalización y riego absolutamente estrafalarios tuvieron por único objeto la entrega de las tierras fiscales a capitales foráneos como parte de una multimillonaria estafa a los intereses provinciales. Una criminal fantasía.
Abundante bibliografía y documentos periodísticos dan cuenta de una intrincada trama de colaboracionismos y complicidades para éste segundo gran negociado con las tierras fiscales productivas de nuestra provincia que tuvo como principal sustento la supuesta garantía de satisfacción de las necesidades en materia de agua a cuyo efecto se daba profusa difusión al Programa de Estudio Hidrológico del Pico del Chaco en el marco de la Campaña del Oeste, como “SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE AGUA EN LA EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO” cuya Dirección ejerciera en la época el reconocido Licenciado Geólogo Ramón Vargas.
De tal magnitud fue la fantasía que se hablaba de 170 mil hectáreas bajo riego proveniente de perforaciones solo en una zona del Impenetrable con el objeto de –bajo el disfraz de radicar empresas- entregar las tierras. Por ello a mediados de 1977 el general Serrano luego de una de estas exposiciones expresaba con la conocida cínica grandilocuencia que suele caracterizar a los farsantes: “…es uno de los días mas felices de nuestra acción de gobierno, que es tener la certeza que la preocupación del agua en la Campaña del Oeste ha desaparecido. Contra los detractores –agregó-, los pesimistas, los que no tienen el valor de ir hacia esa zona, la exposición del geólogo Vargas no es intuitiva o sentimental, sino técnica y profunda…”
Todo esto sirvió para que con gran publicidad en los medios nacionales a través del latiguillo “CHACO PUEDE” entre los años 1976 y 1980 se vendieran 1.411.000 hectáreas. El 22% de la superficie productiva provincial en menos de cinco años. Así es como el segundo gran negociado con las tierras públicas se volvió a firmar con sangre.
Se engañaba escandalosamente con estos proyectos pregonando la expansión de la frontera agropecuaria mientras con el Licenciado Benedit a la cabeza se desmantelaba el complejo cooperativo UCAL desguazando las 40 hectáreas y la planta de Barranqueras y llevándose un coronel, robada por supuesto, la fábrica de algodón hidrófilo de Saenz Peña al Paraguay, sumiendo así nuevamente en la pobreza a miles de productores que había construido independencia, autonomía, bienestar y ciudadanía.
Próxima nota: El Rozismo, otra escandalosa matriz de saqueo
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