La tierra en manos de pocos deja dieciocho muertos y decenas de heridos en el Paraguay. Otro ícono, como la argentina, de la prepotencia y la injusticia en la distribución de la tierra nos ofrece esta dolorosa muestra del alto costo que la infame desigualdad provoca.
Cien familias sin tierra avanzaron sobre una propiedad –según sus expresiones “mal habida”- en manos de un empresario amigo del poder de otro tiempo. Más de veinte años de reclamos de los campesinos pobres despojados, no movieron el fiel de la balanza político judicial.
Hace veinte días, consideraron que veinte años eran suficiente tiempo como para probar que no es un verso que las razones de los pobres son campanas de palo. Y decidieron ejercer el derecho de recuperar el suelo despojado.
Ahora sí, bastaron veinte días de gestiones del empresario terrateniente para que todo el estado se alzara en defensa de sus intereses y en sumarísimo juicio decidiera que los invasores merecían la muerte.
Las noticias oficiales rezan: "Se actuó en base a una orden judicial para el desalojo, hubo disparos de parte de ellos, la policía también tuvo que responder a eso".
En veinte días una orden judicial de desalojo que los campesinos no lograron en veinte años, ahora los coloca –para la versión del poder- en asesinos. "Se trata de personas altamente entrenadas que actuaron como un grupo comando", explicó un comisario. "Categóricamente, no es gente común la que estaba adentro. No son campesinos". (la foto de ultimahora.com muestra a tres campesinos ya imputados por el hecho.Poco aspecto de comandos altamente entrenados exhiben)
Lo de siempre. La culpa la tienen los pobres, que no son ni pobres ni campesinos cuando afecten los intereses que el sistema ha consagrado como sagrados en manos de pocos. Son criminales organizados.
Más allá del repudio que merece tanto la brutal desigualdad como la represión y criminalización con que se pretende consolidarla en este hecho, los argentinos y los chaqueños debemos observar con mucha atención el escenario que se avecina. No es el primer caso. Hubo otros. En Brasil se han dado verdaderas batallas, como ésta, por la tierra.
En consecuencia, que no pase esto como algo ajeno, lejano. Todos debemos plantearnos revisar la inequidad reinante, pero especialmente quienes tienen mayores responsabilidades políticas. Porque cuando éstos hechos ocurran entre nosotros, no será responsabilidad solo de quienes en ese momento conduzcan la provincia, sino de todos los que miraron para otro lado cuando estamos a tiempo para tomar medidas correctivas frente a la creciente apropiación de este recurso vital.
Lo digo, porque cuando en nuestra provincia hemos planteado actuar para anticiparnos y evitar este tipo de tragedias, más pudo el interés de quienes usufructuando el poder del dinero concentran la tierra, y el desinterés de la mayor parte de la dirigencia política incapaz de siguiera cumplir con lo que impone nuestra constitución: Artículo 49.¬ La Provincia promoverá la transformación de los latifundios y minifundios en unidades económicas de producción, a cuyo efecto expropiará las grandes y pequeñas extensiones de tierra que en razón de su ubicación y características fueren antisociales o antieconómicas.
Nuestros legisladores, mayoritariamente ciegos para observar lo que pasa en el mundo, y aquí cerca, y sordos para escucharlo, sí salen veloces y presurosos a reunirse en banda para hacer lobby presionando a una de las pocas juezas independientes a favor de corporaciones muy ligadas a la depredación del bosque y la concentración de la tierra. Seguramente serán los mismos que mañana con la hipocresía que los caracteriza se rasgarán las vestiduras ante la tragedia por un lado, pero condenando a los pobres si se ven forzados a revelarse contra la injusticia que con sus conductas van construyendo.
Es imprescindible que modifiquemos la ley de tierras para preservarla para los agricultores y evitar en un futuro no lejano su reacción, criminalización y muerte. Para ello es vital no depositar esa responsabilidad en quienes ya han dado muestras que modelo representan y de qué lado están.
Es la sociedad toda y las organizaciones de productores quienes deben suplir este evidente vacío en la decisión política provincial.
Porque nuestro excelente gobierno, navega en este tema aguas poco claras. No superamos lo discursivo. No hemos tenido una decisión firme para poner en debate esta cuestión central.
En soledad unos pocos transitamos la provincia proponiendo que se preserven las tierras fiscales remanentes fuera del mercado inmobiliario y que se las acreciente interviniendo en las transacciones de tierras privadas evitando la creciente concentración y ampliación de los latifundios que la constitución vanamente manda transformar.
No alcanza, resulta evidente que es necesario ejercer mayor presión para provocar las decisiones que no son impulsadas por lo que debiera se parte de la responsabilidad militante de los gobernantes.
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