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| Cartel puesto ilegalmente por los usurpadores |
La Constitución del Chaco prescribe en su artículo 37 que las tierras pertenecientes a las comunidades aborígenes "serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros."
No obtante ello, empresarios inescrupulosos como el caso de los titulares de Bajo Hondo S.A. con la complicidad de escribanos y jueces como el caso del notario Fabián Vargas y el doctor Zaloff Dakoff hacen uso de las peores artes para despojar a familias aborígenes de sus tierras. De hecho, como desde el fondo de la historia, apelan a la necesidad, la ignorancia y también la traición para apoderarse y despojar de sus tierras a las familias que de ella viven.
La justicia de la provincia del Chaco está en mora. No actúa con el mismo impulso en casos como este, en el que están en juego ocho millones de pesos, en el que quienes delinquen violando las leyes y la constitución son poderosos empresarios con capacidad de lobby y también de comprar conciencias, como cuando los que usurpan son pobres que ni siquiera tienen para su diario sustento.
Desde el gobierno de la provincia de han dado muestras de proteger los derechos de los pueblos originarios denunciando este atropello, no obstante los usurpadores no ceden en su actuar.
Es necesario activar todos los mecanismo para terminar con estos despojos en los que claramente se configura la asociación ilícita entre empresarios, intermediarios, escribanos, jueces y dirigentes para desapoderar a los legítimos propietarios de las tierras que les garantizan las leyes y la constitución.
Es imprescindible prevenir males mayores. Para ello, y ante este hecho de inucitada gravedad, el estado debe evitar ser interpelado por la sangre que se puede derramar como tributo por la defensa de derechos conculcados. El estado debe acudir en protección de esos derechos antes que lo convoque la violencia y la muerte.
El recuerdo fresco de la muerte de Cristian Ferreyra aquí nomás, a pocos kilómetros, debe servir como doloroso llamado a actuar.
Desde el gobierno de la provincia de han dado muestras de proteger los derechos de los pueblos originarios denunciando este atropello, no obstante los usurpadores no ceden en su actuar.
Es necesario activar todos los mecanismo para terminar con estos despojos en los que claramente se configura la asociación ilícita entre empresarios, intermediarios, escribanos, jueces y dirigentes para desapoderar a los legítimos propietarios de las tierras que les garantizan las leyes y la constitución.
Es imprescindible prevenir males mayores. Para ello, y ante este hecho de inucitada gravedad, el estado debe evitar ser interpelado por la sangre que se puede derramar como tributo por la defensa de derechos conculcados. El estado debe acudir en protección de esos derechos antes que lo convoque la violencia y la muerte.
El recuerdo fresco de la muerte de Cristian Ferreyra aquí nomás, a pocos kilómetros, debe servir como doloroso llamado a actuar.
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