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lunes, 7 de febrero de 2011

LAS TIERRAS FISCALES, LA EXPLOTACION FORESTAL Y LAS SOLUCIONES RESPONSABLES

No llama la atención la fuerte presión que desde distintos eslabones de la cadena forestal se expresan últimamente sobre las autoridades del Instituto de Colonización para que habilite a cualquier costo la explotación en tierras fiscales. Las críticas se centran en la demora -o la negativa en casos- a otorgar constancias –que habiliten la explotación forestal- a los adjudicatarios de tierras públicas, lo que según se dice puede paralizar la actividad forestal en la provincia y pone en riesgo las fuentes de trabajo. Dicho así, es preocupante. Pero también debemos afirmar que es falso. Porque indicaría que los únicos bosques existentes son los que aún permanecen sobre tierras fiscales. Y no es cierto. O lo es solo a medias. Y de serlo sería muy importante indagar por qué. Y cuál es el futuro, si le damos el mismo destino a los bosques fiscales, sin la debida regulación para su explotación racional y conservación para asegurar la actividad a perpetuidad. La que evidentemente no se ha llevado a cabo de manera racional y sustentable hasta hoy como para asegurar ese objetivo. Y esto es responsabilidad de todos, pero especialmente de los organismos estatales que tienen la obligación de garantizarlo.

EL INSTITUTO DE COLONIZACIÓN Y LAS CONSTANCIAS PARA BOSQUES
Primera aclaración: solo podrán obtener constancias los adjudicatarios de tierras fiscales que tengan al momento de la solicitud, regularizadas tanto las mejoras como el pago de la tierra, ante el Instituto de Colonización. Lo impone la Ley 2913 (art.24). Y todo funcionario está obligado a cumplirla sin atajos.
Segunda: Lo dice la constitución: Tierras fiscales: “explotación directa y racional por el adjudicatario”
Tercera: La Ley 2913, (Art.29, inciso E) manda “No arrendar, ni subarrendar, ni dar en aparcería, comodato o cualquier otro título la explotación del predio adjudicado, salvo expresa autorización del organismo de aplicación (Instituto de Colonización) y en la forma que determine la reglamentación.” Clarísimo: Siempre que se justifique, indefectiblemente el Instituto deberá expedir “expresa autorización”. De modo que el burdo intento de modificar el espíritu de la ley –como se trató- mediante un proyecto de decreto reglamentario que dice que no será necesaria dicha autorización, es simplemente irresponsable, lamentable, y de gravedad institucional al pretender deliberadamente que el propio gobernador suscriba un instrumento disponiendo se incumpla la ley.
Cuarta: Muchos adjudicatarios no tienen regularizadas sus mejoras. En consecuencia no encuadran en la ley como para ser receptores de tales constancias y consecuentemente no obtienen permisos de explotación forestal con fines comerciales. Aún así los productores pueden “…elaborar sin cargo maderas con destino a mejoras dentro del predio adjudicado…”, y también -permiso mediante- el desmonte propio que se necesita para diversificar hacia producciones agrícola-ganaderos. Pero para poder hacerlo necesita que su explotación base actual, la forestal, le proporcione los recursos necesarios mínimos indispensables y equitativos en relación al resto de la cadena.

SITUACIÓN DURANTE LOS GOBIERNOS DE ROZAS Y NIKISCH
Pregunta: ¿Por qué durante los gobiernos de Rozas y Nikisch no se daba este “cuello de botella” en el otorgamiento de Constancias, en Colonización?
Respuesta: Porque no se cumplía ni la constitución ni la Ley. Se permitía la venta no solo de la “masa boscosa” sino de adjudicaciones y ocupaciones. Se volvían a adjudicar predios a productores que habían violado la ley para que vuelvan a hacerlo. Se entregaban constancias que permitían el otorgamiento de permisos forestales como un mero trámite administrativo con alta sospecha de cobro ilegal de los mismos.
Pregunta: ¿Qué beneficio trajo este festival de ilegalidad que nosotros investigamos, y no ignoran los productores forestales, ni los industriales, ni los demás funcionarios del gobierno del Ministerio de la Producción ni la Dirección de Bosques?
Respuesta: A los productores pobres destinatarios de esas adjudicaciones: Ninguno. Trabajaron años por la comida regalando su esfuerzo y su producto con la venia estatal. Siguen tan pobres como antes, pero con menos expectativa de vida, ya que buena parte de ella yace en los montes.
Esto es lo que pasó hasta nuestro gobierno. Vale recordar que este festival de ilegalidad es el que llevo a convertirse en delincuentes y ser condenados por la justicia a Héctor Kaluk, Nildo Puebla y José Moreno, funcionario y vocales del Instituto de Colonización, mientras procesados esperan sus condenas Carlos Gasko, Roberto Cogno y Omar Rodriguez, los tres últimos presidentes designados y sostenidos por Angel Rozas y Roy Nikisch. Y nosotros que los denunciamos, que aportamos las pruebas y que nos negamos a seguir su camino se dice que estamos “fuera de época” o que entorpecemos ciertas actividades. Es el mundo del revés. Solo pueden pensar esto los que, acostumbrados a la marginalidad, consideran que volver al marco de la Constitución y la ley “es una antigüedad”, y en casos se sienten despedidos de los beneficios que la ilegalidad les brindaba.
DISTINTAS VISIONES, DISTINTOS OBJETIVOS
Esto no hace más que poner sobre la mesa que nuestras visiones y en consecuencia los objetivos tampoco parecen ser los mismos. Parece que se busca que haya dos Chacos: el Chaco donde tenga vigencia la ley; y el otro donde solo rija la ley del que tenga mas fuerza.
¿Por qué tenemos distintos objetivos? Porque vemos que en otros ámbitos se presiona para modificar la ley; se busca eludir el trámite en el Instituto de Colonización entregando permisos en base a documentación que exhiben los productores sin que ésta tenga el aval de legitimidad y vigencia del organismo de aplicación; se pretende aceptar constancias de ocupación extendidas por órganos estatales como las intendencias por ejemplo, violando con ello la Ley 2913 y generando peligrosamente posibles derechos a terceros con graves implicancias civiles y penales para sus responsables. Con estos mecanismos se otorgarían permisos a usurpadores, a poseedores de títulos apócrifos denunciados por Colonización en la justicia, a adjudicatarios con adjudicaciones rescindidas por irregularidades, en casos también denunciadas a la justicia. En fin, un verdadero desatino.
Esta solución, además de ilegal es ilegítima porque solo busca resolver el problema de corto plazo de uno o dos eslabones de la cadena; y perpetuaría el mantenimiento de la actual grosera inequidad en la que el productor adjudicatario al final del proceso quedará sin masa boscosa, sin mejoras, sin diversificación y por tanto con un predio absolutamente degradado, y sin ninguna posibilidad de sobrevida en el mismo. Este es el mejor camino para garantizar pobreza, exclusión y éxodo a la periferia de los centros urbanos. Es la solución más fácil siempre que se dé con funcionarios dispuestos incluso a violar la ley para ceder ante las presiones y satisfacer las demandas solo de algunos actores del proceso con mayor capacidad de presión.
La sociedad chaqueña y las leyes vigentes tienen otra visión y otros objetivos: buscan en el mandato de cambio otorgado a este gobierno, desarrollo sustentable y combatir el desarraigo de nuestros productores. Desde el Instituto de Colonización buscamos ser fieles a ese mandato y a las leyes vigentes: cuando queremos cambiar asuntos legales lo proponemos a consideración del pueblo y de la legislatura, no buscamos “entrar por la ventana” porque entre otras cosas no buscamos el beneficio de un solo sector. Curiosamente entre quienes buscan modificar una ley “a través de un decreto” están los que se oponen al debate y modificación cuando se trata de garantizar equitativamente el acceso a la tierra y evitar su ascendente y altísima concentración. Hay que pensar que en cuanto a la visión mezquina, son muy coherentes. Somos plenamente conscientes que el estado debe ver todo el universo. Que debe analizar la raíz del problema, trabajar para todos los actores, y debe resistir las presiones que no contemplen el abordaje integral del problema.
Decimos que ni la Constitución ni la Ley 2913 deben ser modificadas en estos aspectos, porque la imposición de la explotación directa y racional por el adjudicatario como la obligación de realizar mejoras, en modo alguno significan un castigo para el productor, todo lo contrario, apuntan a arraigarlo, a afincarlo permitiéndole una mejor explotación y consecuentemente una mejora calidad de vida. Un predio sin mejoras, es un predio sin futuro, y sin futuro quienes lo habiten. ¿Qué se puede hacer sin pozo, sin casa, sin corrales? , muy poco y nada. Solo lo que se hace hoy. En el mejor de los casos y solo algunos, tener una pequeña majada de chivos para consumo y partir todos los días con el hacha al monte desde los quince años y las cinco de la mañana hasta el oscurecer del día, y de la vida que cada día se acorta por el prolongado e inhumano esfuerzo.
De modo que la realización de mejoras –y esto es obvio decirlo- es imprescindible para el progreso. La pregunta es: ¿Por qué miles de adjudicatarios de tierras fiscales no tienen regularizadas sus mejoras?
Respuesta: Porque producen en condiciones de alta precariedad, sin recursos tecnológicos ni financieros lo que los lleva a ser víctimas de grosera explotación. Recibiendo mayoritariamente una tercera, cuando no una cuarta parte de lo que debieran recibir por su trabajo y por el producto. Y como justificativo de éste exiguo precio se escucha casi como un latiguillo por parte de algunos sectores vinculados a la actividad forestal como de boca de funcionarios que “la madera no tiene valor”. Lógicamente se refieren a “valor comercial”, porque nadie duda del alto valor ambiental y ecológico de nuestros bosques. No obstante resulta cuanto menos discutible, cuando no falsa ésta afirmación si observamos la prosperidad de algún eslabón de la cadena forestal tanto en el plano de la intermediación como la industria. Prosperidad que contrasta con la más absoluta miseria en que desarrollan su actividad los productores pobres posicionados en tierras fiscales. Esto pone en evidencia que en algún eslabón de la cadena queda gran parte de la utilidad que debiera recibir el hombre que deja la vida en el monte, y el cien por ciento del valor del recurso. Son estos eslabones privilegiados de la cadena los que toman ambos valores como parte de su renta generando de tal modo una enorme inequidad, manteniéndose la gran precariedad del adjudicatario fiscal dedicado a la explotación forestal, quién llega a extremos de trabajar por la comida diaria.
En consecuencia la solución es atacar éstas condiciones de precariedad e inequidad a fin de modificarlas para que el productor pueda recibir el precio justo por su trabajo y también por el valor del producto que le arranca a la tierra; y sin necesidad de violar ninguna ley, sino al contrario, volviendo a ellas.
NUESTRA PROPUESTA
En breve síntesis exponemos aquí una idea propuesta al el señor gobernador y que se encuentra en pleno proceso de análisis y enriquecimiento para su implementación.
Proponemos la puesta en marcha de un sistema de acopio y venta de todos los productos forestales que provengan de predios fiscales, con intervención y apoyo del Estado para su comercialización en forma directa, garantizando de tal modo una renta que permita destinar un porcentaje de lo obtenido a la realización de mejoras y la puesta en marcha de la imprescindible diversificación productiva. La figura legal debe ser la más apta que contemple a todos los actores: un mercado de concentración que transparente el negocio, gestionado por un fideicomiso mixto (estado/productores/consorcios) permitiría el necesario flujo de recursos que garanticen un precio base que sin lugar a dudas multiplicará los actuales magros ingresos del productor. Los Consorcios de Servicios Rurales serán una herramienta importante del sistema como generadores de rodeo, acopio y verificación de cumplimiento del aprovechamiento integral, como transformación primaria con agregación de valor. También serán los Consorcios los que asistirán y organizarán a los productores en las tareas de incorporación de las mejoras que para cada caso y actividad diversificada se determine.
Este es el camino. Posibilitar que todos los eslabones de la cadena reciban razonablemente lo que les corresponde. Entonces no será necesario buscar atajos para que se modifiquen leyes en perjuicio de algunos para beneficio de otros. Y los productores hasta hoy condenados a la miseria por explotación, inequidad, inacción y complicidad de un Estado irresponsable, puedan incorporase a la vida digna respetados en sus derechos fundamentales.
Hacemos público éste análisis, estas reflexiones y nuestra posición en la convicción que existen opiniones diversas y aún contrapuestas, y por eso es bueno que se exponga y debata con amplitud y sin ocultamientos frente a la opinión pública, en función de que las cuestiones que hacen a los recursos naturales y modelos productivos atraviesan inevitablemente al conjunto de la sociedad y determinan el modo de vida de varias generaciones, y no puede definirse solo en base a presiones de un solo sector.

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