La Provincia promoverá la transformación de los latifundios y
minifundios en unidades económicas de producción, a cuyo efecto expropiará las
grandes y pequeñas extensiones de tierra que en razón de su ubicación y
características fueren antisociales o antieconómicas.
El Estado propenderá a la eliminación del arrendamiento y la
aparcería como forma de explotación de la tierra, mediante la aplicación de
planes de colonización. (Artículo 49.Constitución Provincial)
Ni los supuestos delegados del
Instituto de Colonización, ni el denunciador serial Rolando Nuñez, rozan
siquiera este tema, ni mucho menos nuestros diputados que lo ignoran por
décadas. Porque a ninguno de ellos les da el cuero para avanzar sobre el poder
constituido, del que sin dudas siempre esperan migajas. Ésta es la cuestión a
profundizar y poner a debate. Y fundamentalmente si la tierra puede seguir
siendo privatizada, puesta en el mercado y a merced del dinero, como para que
hoy en el Chaco 150 personas sean dueñas de más del 30% de las tierras
productivas, concentración que sigue en ascenso. Mientras esto no se discuta
todo lo demás es inconducente, de menor valía. Puros fuegos de artificio.
No es mi razón la defensa del
contador Paris. Aunque es válido recordar que ha sido quién con mayor
conocimiento y énfasis ha defendido los intereses colectivos en tiempos en que
la tierra pública era un botín que se repartía entre amigos y clientes
poderosos durante el rozismo. También vale recordar que los supuestos delegados
de ese tiempo y sus actuales discípulos terminaron denunciando la corrupción política
como parte de una puja por los nichos internos montados en el organismo donde
se cobraban títulos y hasta simples informes o constancias. Sin olvidar el
penoso proceder de algunos “recaudadores” que mediante engaños y falsificación
de recibos hacían que pequeños productores tengan que vender sus pocas vacas
para pagar deudas inexistentes exageradas, obteniendo dineros que iban a parar
a los bolsillos de esta corrupción interna integrada por un reducido grupo de ociosos
y holgazanes que hasta hostigaban al personal que con responsabilidad y
dignidad siempre trabajó.
Este frente interno ha sido un
obstáculo importante para el esclarecimiento de la corrupción con la tierra
pública. Durante nuestra gestión han estrechado filas con los retazos del
rozismo, otrora su supuesto enemigo, frente al riesgo que significó la cesantía
de algunos “trabajadores” del Instituto de Colonización denunciados por
nosotros, detenidos y puestos a disposición de la Justicia por la policía al
descubrirlos in fraganti vendiendo tierras para su propio beneficio. Rezagos
del rozismo.
Entonces, las denuncias que se
puedan hacer desde éstos antecedentes y con ésta historia en principio carecen de
la mínima credibilidad.
Todo este debate en el que
también se inscribe el doctor Rolando Nuñez del Centro Mandela carece de
seriedad, sustento y sentido. Son solo fuegos de artificio para pequeños
réditos personales de quienes viven de la crítica, la protesta y muchas veces
la mentira sin siquiera rozar el fondo de la problemática de las tierras. Y ni
hablar que alguna vez estos profesionales de la crítica vayan a asumir algún
compromiso de gestión para validar sus sentencias. Jamás. Siempre es más
sencillo estar enfrente buscando errores o inventándolos.
Tengo autoridad para plantear que
vayamos a la cuestión de fundo, porque durante nuestra gestión al frente del Instituto de
Colonización lo puse no solo sobre la mesa, sino que se debatió en más de
treinta reuniones a lo largo de la provincia, algunas de ellas, como en
Sauzalito y la Cámara de Diputados, montadas por la oposición, esa que negoció
irregularmente por más de mil millones de pesos para sus bolsillos con las tierras
fiscales. Montadas por el rozismo con cómplices de nuestro bloque que
participaron de ese negocio como consta en pruebas aportadas por nosotros a la
justicia.
De ese debate en la Cámara guardo
la grabación completa como prueba de la vergüenza, mala fe y deshonestidad con
que han actuado quienes condujeron las exposiciones, encabezados por la
diputada Clelia Ávila y que escribieron una vergonzante síntesis del mismo que
no tiene absolutamente nada que ver con lo ocurrido y expuesto por todos en el
recinto.
Dábamos debates y los promovíamos
con honestidad y buena fe. No ocurría lo mismo en la Cámara de Diputados, dado
que parte de nuestros diputados y toda la oposición rozista afectada por
nuestras investigaciones, incluido el entonces presidente radical devenido en
peronista Bergia, se alinearon para terminar con esas investigaciones que
llevaron entre desadjudicaciones administrativas y pedidos de nulidad de
títulos vía acciones de lesividad más de quinientas mil hectáreas, que por
supuesto los críticos que lo saben todo pero nunca hicieron nada ignoran, y
hasta dicen que es eso lo que había que hacer.
El parámetro político, ético y
moral con que se midió el análisis de mi pliego para continuar como presidente
del Instituto de Colonización con clara decisión política de rechazarlo lo da
un hecho contundente: mientras se decidía evitar a cualquier costo la
continuidad de mi equipo de trabajo al frente del organismo sin un solo
elemento válido, en la Cámara de Diputados permanecía contratado por el
presidente Bergia con acuerdo de nuestro bloque el señor José “Pepe” Moreno,
condenado por la justicia por haberse reconocido delincuente responsable de le
venta ilegal de tierras fiscales siendo vocal del Instituto de Colonización
durante la corrupta gestión rozista. Tuvo la justicia que intimarlos para que el
delincuente que apañaban deje de permanecer en la guarida que le habilitaron.
Pero todo esto ya es historia.
Historia que debemos repasar para saber la catadura de los personajes que con
enorme hipocresía hablan de temas tan importantes, y hasta algunos siguen
siendo puestos por nuestros conductores políticos en las listas de los
distintos partidos para que sigan sirviendo a sus pequeñas apetencias.
Ahora si alguien tiene interés genuino
en el futuro de la provincia y en un análisis con visión estratégica respecto
del desarrollo y su relación con la tierra, elevemos el punto en el horizonte
hacia soluciones reales que garanticen que la tierra no sea una mercancía, sino
un recurso esencial que no puede estar a merced del poder del dinero.
Terminar con la privatización de
la tierra es un imperativo ineludible para garantizar el acceso a la misma en
condiciones de igualdad por parte de todos aquellos que la trabajen. La
adjudicación en concesión, comodato u otra figura equivalente, en unidades
económicas familiares con la condición de hacerla producir con sustentabilidad,
respeto al medioambiente y a la biodiversidad es un camino posible como
garantía de fin esta brutal realidad con 150 propietarios que promedian más de
8500 hectáreas cada uno, mientras en el otro extremo 5600 productores poseen
menos de 50 hectáreas, y miles de hijos de productores no tienen ni tendrán en
el futuro ni una sola, por no poder competir en el mercado inmobiliario con los
latifundistas que acumulan de la mano de este sistema.
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