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| Bollati, Martinez y Acosta votaron con lealtad. Salúd. |
La Legislatura del Chaco atentó contra la democracia intentando transformar la Defensoría del Pueblo, demorada nada menos que diecisiete años, en coto de pago de favores, residencia de acomodos, o peor aún, terreno minado para el Defensor designado con el fin de que defienda otros intereses, no los del pueblo.
Mucho se ha criticado a esta mayoría de diputados entregados a la oprobiosa violación de su compromiso con la sociedad.
También, como defensa a tanta crítica, hemos sufrido la agresión de excusas impúdicas, vergonzantes, injuriantes e injuriosas, todas partes de un proceso de degradación elefantiásico, descomunal. Algunos defendiendo el apellido como la contadora Pértile, como si la culpa de que el mismo figure como parte del acto bochornoso le fuera ajena, diciéndole además al Defensor Gustavo Corregido que si cuestiona a quienes lo designaron ”debe renunciar de inmediato”, olvidándose quizás que los tiempos de la dictadura terminaron, felizmente, al menos para la mayoría. Otros pidiéndole disculpas a su hija porque merecía algo más que escribiente, como Bergia que aclara que podía haberla ubicado en cualquier otro lugar, exponiendo su convicción que la política sirve para eso, sirve para negociar favores con otros de su calaña. Fiel a su bagaje Ricardo Sánchez, desde las profundidades de la ciénaga que habita le advierte al Defensor Corregido que “cayó muy bajo”, como si se pudiera más de su fondo, y que esos “corruptitos políticos lo han designado a él”, como recordándole que en consecuencia es su lacayo y debe aceptar todas las imposiciones de su ignominia. Peche, en una exposición de infaltilismo defensivo dice que los nombrados son “gente que no tiene trabajo”. Patético.
Ahora, el que pone una especie de broche a la entrega de dignidad es el Defensor Adjunto Daniel Ilía. Aprueba y defiende enfáticamente la afrenta reconociendo haber sido parte de espurio negociado.
Cómo el doctor Ilia, –persona con imagen política respetable hasta éste episodio- le explica al pueblo que se compromete defender, el hecho de convalidar que los diputados pueblen esa estructura si la Ley 6817 impone en el Art. 6º que “El Defensor del Pueblo nombrará, promoverá y podrá remover a su personal conforme lo previsto en la ley de Presupuesto y a los principios consagrados en la Constitución Provincial 1957–1994…” Esta letra, impuesta por el mismo cuerpo da por tierra con cualquier defensa de estos promotores de okupas.
Decía en una nota anterior que la corporación corrupta instalada en la Legislatura les proponía a los defensores la primera obligación: defender el Instituto de Defensor del Pueblo. Pues el doctor Daniel Ilia ha mostrado que no está a la altura de sus responsabilidades. Mal podrá defender al pueblo si no es capaz de hacerlo con la independencia del espacio con el que fue distinguido. Ha elegido hincarse. Lamentable. Es de esperar que no acuse a otros de la afrenta a su ilustre apellido que mancilla con su inconducta.
Entre toda esta mugre con la que se cubren tantos, rescatamos la posición firme, republicana y digna que expresara el doctor Gustavo Corregido. Su contundente rechazo a la sumisión y atropello al que pretenden someterlo estas inferioridades éticas, morales y políticas, merece el mayor respeto y aliento. Está demostrando que tiene principios y valores, que ha superado las miserias que impulsan a los pobres de espíritu que pretenden doblegarlo. En consecuencia su claro compromiso con el pueblo lo obliga a seguir, porque más en estos tiempos de bajío es necesario resistir frente a tanto coctel entre viles y pusilánimes pujando por degradar.
El globo comenzará a desinflarse en pocos días más. Cuando otro titular se imponga éste desaparecerá de los medios. Así como desapareció la oprobiosa batalla por la impunidad que dio esta misma corporación para terminar con la investigación del mega negociado con tierras fiscales que impulsamos desde el Instituto de Colonización. Como desapareció la calidad de garito y aguantadero del despacho del presidente Juan José Bergia que ocultó a sueldo a los delincuentes Nildo Puebla y José Moreno, con quién se acompañaba haciendo campaña para su espacio político.
Por todo esto, ¿es la corrupta corporación legislativa –con sus escasas excepciones- la única responsable de la degradación de éste poder? Categóricamente no. Tampoco caigamos en el reduccionismo de diluir responsabilidades aceptando que “somos todos responsables”. Claramente no somos todos. Si lo son aquellos que teniendo responsabilidades dirigenciales especialmente en las organizaciones empresarias, sociales y políticas se limitan en el mejor de los casos a elevar algunas protestas, como en este caso. Pero luego, aceptan con naturalidad a los corruptos e incluso negocian con ellos desde ventajas personales o sectoriales hasta lugares en listas sábanas dándole continuidad a los ominosos que bastardeando la política atentan contra la democracia.
¿Quién explica 17 años de demora? ¿Cómo se justifican cuatro años de dilación en nuestro gobierno? Más allá de amañadas excusas todo indicaría que siempre ha existido temor que el Instituto pueda constituirse en un obstáculo. Y que algún grado de corrupción no viene mal para que sean posibles este tipo de triquiñuelas.
Por todo esto, y para que éste deleznable proceder no caiga en el olvido y sus autores sean una vez más absueltos por la desmesurada e irresponsable tolerancia, es necesario articular entre los sectores sociales y la militancia política mecanismos que suplan lo que las dirigencias claramente no solo toleran y ocultan, sino promueven.
