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| Día del Agricultor en Gral San Martín con más de 2500 productores de 72 Consorcios. |
Al fin estalló un escenario de confrontación entre dos modelos antagónicos, en el ámbito de las más altas decisiones políticas, en el campo de la Agricultura Familiar del Chaco.
Desde el inicio de la gestión de Jorge Capitanich, la reivindicación de la Agricultura Familiar fue un objetivo prioritario. La designación de un histórico dirigente del sector como Osvaldo Lovey al frente de la intervención del Instituto de Colonización, conduciendo además, la Sub Secretaría de Desarrollo Rural del entonces Ministerio de Economía era un mensaje inequívoco en tal sentido.
También es cierto que la heterogeneidad ideológica del gobierno con una fuerte presencia de sectores vinculados a las teorías neoliberales donde el consumismo dispone que la producción esté regida por la ganancia y no por las necesidades sociales, hace imposible la concreción de un proyecto social que satisfaga las necesidades colectivas y elimine las vigentes desigualdades.
Esto, constituyó y constituye un obstáculo serio para el logro de ese objetivo.
Ello dificultó seriamente y en parte condicionó la gestión dado que la oposición sumamente preocupada por su pasado de corrupción en el saqueo de las tierras fiscales, encontró alianza en un sector de la derecha peronista con quienes compartieron ese oscuro pasado, y en bloque, algunos abiertamente y otros desde las sombras apostaron fuertemente al fracaso desde el primer día de gobierno.
A pesar de todo y en ese marco de esas históricas disputas, desde el Instituto de Colonización y la Subsecretaría de Desarrollo Rural se trabajó intensamente con miles de productores en la búsqueda de una herramienta de autonomía, libertad e independencia de la Agricultura Familiar.
Así nació la Ley 6547 de creación de los Consorcios de Servicios Rurales que ya cumplió tres años.
Costó muchísimo lograr su sanción. Los intereses de la vieja política por no perder el manejo paternalista y clientelar de los productores, daba en aquel tiempo una dura batalla para que la ley no saliera o saliera con vicios que la tornaran inútil. Batalla que enfrentamos acompañando a algunos miles de compañeros campesinos que ya por aquel tiempo y sin Ley habían conformado más de veinte consorcios.
El compañero gobernador jugó en esa instancia un rol fundamental para coronar con éxito esa lucha, resistiendo los embates de aquella alianza por el fracaso.
Frente a los problemas en el funcionamiento del sistema que por estos días trascienden no son pocas las preguntas que nos hacemos y cuyas respuestas esperamos. Porque es muy probable que lo que hoy toma estado público tenga mucho que ver con aquella resistencia a que este sistema concebido en sintonía plena y total con el Proyecto Nacional y Popular para la construcción de autonomía e independencia de los pequeños productores de esta provincia funcione liberándolos del manejo discrecional de los fondos por parte de los funcionarios de turno.
Lo llamativo es que a tres años de vigencia del sistema aun los recursos no fluyen hacia los Consorcios en forma directa como la misma ley lo dispone. Los siguen manejando discrecionalmente los funcionarios.
Esto significa que el espíritu de la Ley es burlado porque el manejo de los recursos por parte de los propios productores en el alma, sentido y razón de ser de ésta herramienta.
No existe justificativo de ninguna naturaleza para que este freno al sistema esté accionado. Y de lo que no caben dudas es que todas las partes tienen responsabilidades. El gobierno por no activar todos los recursos y velar porque la Ley se cumpla, y los consorcios por no exigirse y exigir la puesta en marcha plena del sistema.
A esta altura debieran los propios productores saber que si no defienden con fuerza sus derechos, consagrados en esta Ley, terminarán perdiéndolos, como les está ocurriendo.
La Ley de Consorcios de Servicios Rurales es sin lugar a dudas una revolucionaria herramienta de emancipación e independencia de los pequeños productores, a punto tal que es analizada su aplicación en otras provincias y países.
Por lo que resulta preocupante que aquí se dé un giro tan brusco como lo constituye la designación del Ministerio de Producción como órgano de aplicación de la Ley de Consorcios en lugar de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, cuando es público y notorio que la gestión del Ministerio está tan claramente identificada con el modelo concentrador dominante, como lejana de los intereses de la Agricultura Familiar.
Y así como la Sociedad Rural jamás aceptaría a Osvaldo Lovey como interlocutor, no hay razón para que la Agricultura Familiar lo haga con quién no expresa sus intereses.
En consecuencia más que una solución para los problemas a resolver en el sector, es de alto riesgo que estemos transitando el inicio de un retroceso que lleve a desandar lo logrado y volver al viejo sistema de dependencia y clientelismo.
Ojalá los primeros en tomar conciencia de este peligroso zigzagueo sean los productores, y salgan a defender, tanto la herramienta como su conducción, con todas sus fuerzas exigiendo nada más ni nada menos que el cumplimiento de la Ley.
Y desde el gobierno, deberá comprenderse que la organización y la pacífica demanda de derechos consagrados nunca debe ser postergada frente a la patota golpeadora y extorsiva que solo exige dinero sin ninguna reivindicación con sustento ni proyecto, como ha ocurrido con la asignación de 45 millones a repartir entre un grupo pequeño de personas lideradas por la señora Juana Vukich que sin representación alguna tiene en jaque y a los sopapos a nuestro gobierno.
Compañeros, frente a este escenario, sepamos que si no se lucha con firmeza no hay futuro. Se los dijo el gobernador hace unos pocos días: “De ustedes depende. Peleen por sus derechos. Denuncien a los que pretenden poner obstáculos en el camino”.
Y no olviden tampoco las palabras de la compañera Cristina en relación con los retrocesos cuando advirtiera que, ”La crisis del 2001 está a la vuelta de la esquina”.
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