La Ley 6547 de creación de los Consorcios de Servicios Rurales ya cumplió tres años.
Costó muchísimo lograr su sanción. Los intereses de la vieja política por no perder el manejo paternalista y clientelar de los productores daba en aquel tiempo una dura batalla para que la ley no saliera o saliera con vicios que la tornaran inútil. Batalla que enfrentamos desde el Instituto de Colonización y la Subsecretaría de Desarrollo Rural acompañando a algunos miles de pequeños productores que ya por aquel tiempo y sin Ley habían conformado más de veinte consorcios.
Frente a los problemas en el funcionamiento del sistema que por estos días trascienden no son pocas las preguntas que nos hacemos y cuyas respuestas esperamos. Porque es muy probable que lo que hoy toma estado público tenga mucho que ver con aquella resistencia a que este sistema concebido en sintonía plena y total con el Proyecto Nacional y Popular para la construcción de autonomía e independencia de los pequeños productores de esta provincia funcione, liberándolos del manejo discrecional de los fondos por parte de los funcionarios de turno.
Vale hoy recordar aquellas operaciones por invalidar esta valiosa herramienta. Quienes operaban por el fracaso pedían al gobernador de la provincia que se limiten los recursos del sistema a cinco millones de pesos anuales con la aviesa intención de transformar la herramienta en una cáscara vacía sin ninguna capacidad de respuesta para sus destinatarios. Cinco millones distribuidos entre cien consorcios dan $ 50 mil por consorcio por año. Lo que distribuido entre un promedio de 150 productores resulta $ 333 por productor por año. Esto pretendían quienes seguían apostando a la dependencia.
En aquella oportunidad, sin que fuera lo óptimo, pocas horas antes del tratamiento de la Ley el gobernador sostuvo frente a ese grupo de diputados encabezados por el presidente de nuestro bloque el límite de 20 millones de pesos anuales que era lo mínimo que en ese momento proponíamos quienes militamos junto a los productores esta Ley.
Lo llamativo es que a tres años de vigencia del sistema aun los recursos no fluyen hacia los Consorcios en forma directa como la misma ley lo dispone. Los siguen manejando y disponiendo discrecionalmente los funcionarios.
Esto significa que el espíritu de la Ley es burlado porque el manejo de los recursos por parte de los propios productores en el alma, sentido y razón de ser de ésta herramienta.
No existe justificativo de ninguna naturaleza para que este freno al sistema esté accionado. Y de lo que no caben dudas es que todas las partes tienen responsabilidades. El gobierno por no activar todos los recursos y velar porque la Ley se cumpla, y los consorcios por no exigirse y exigir la puesta en marcha plena del sistema. A esta altura debieran los propios productores saber que si no defienden con fuerza sus derechos, consagrados en esta Ley, terminarán perdiéndolos, como les está ocurriendo.
Hoy las contradicciones son fenomenales dado que mientras los consorcistas denuncian el no giro de $ 22 millones no recibidos justamente por lo expresado en el párrafo anterior, desde el gobierno se anuncia que aquel límite de 20 millones se eleva a 50 millones. El anuncio es en este punto importante y positivo porque es necesario elevar la asignación de recursos. Ahora, ¿como se explica que no se transfiere ni siguiera lo que está comprometido y la deuda supera un año completo de recursos si hay disponibilidad para llevar a dos veces y media esa asignación? Inexplicable.
Ojalá no se trate de una estrategia distractiva para atenuar los efectos de denuncias cruzadas frente a inexcusables responsabilidades por parte de nuestro gobierno en la correcta asignación de recursos. O que solo se busque mitigar las reacciones adversas por el cambio de organismo de aplicación, llevándolo al Ministerio de la Producción, claramente identificado con el modelo concentrador dominante, como lejano de los intereses de la Agricultura Familiar.
Y en este punto es altamente preocupante que los propios dirigentes de la Asociación de Consorcios rescaten como positivo el anuncio que “…el Ministerio de la Producción comprará los insumos para la siembra temprana como una de las primeras medidas para dar respuesta a los consorcios que llevan adelante esos cultivos…”, aceptando con estas palabras que el sistema no funcione y que siga aquel viejo y fracasado esquema poco transparente de entrega de insumos por parte del estado. Fracaso que solo se superará cuando los recursos vayan como marca la ley a los consorcios y éstos por medio de la Asociación realicen las compras en forma conjunta licitando calidad y precio de acuerdo a sus necesidades.
Es preocupante y lamentable que quienes tienen que defender la herramienta la estén entregando sumisamente.
Llama también la atención que ahora se anuncie que se trabajará en la construcción de viviendas rurales cuando desde el inicio de nuestra gestión veníamos reclamando, por supuesto sin éxito, una política de viviendas que apunte al arraigo campesino en reemplazo de la vigente que estimula el éxodo con una desproporcionada cantidad de unidades en los centros urbanos frente a la casi nula construcción en el campo. Propusimos y proponemos se legisle la proporcionalidad para que tampoco esto quede a merced de la voluntad del funcionario, y para que estos anuncios no aparezcan como un poco creíble súbito ataque de racionalidad.
Estas actitudes de nuestro gobierno son las que a muchos nos preocupan. Y nos preocupan porque muchísimo hemos avanzado en la reconstrucción de la provincia y en la mejor calidad de vida de los chaqueños. Sin embargo es como que nos estamos olvidando que algunos éxitos y la buena imagen nos obligan a no cometer el error de creer que podemos transgredir, que podemos divorciar el discurso de las acciones, porque ya lo hemos sufrido. Lo hemos sufrido con más de una década y media fuera del gobierno, y no por mérito de otros, sino por nuestros propios errores. Y que esos años fuera del gobierno significaron sufrimiento, pobreza y muerte para muchos chaqueños, porque ha sido siempre el peronismo el que ha construido igualdad y justicia para las mayorías.
La Ley de Consorcios de Servicios Rurales es sin lugar a dudas una revolucionaria herramienta de emancipación e independencia de los pequeños productores, a punto tal que es analizada su aplicación en otras provincias y países.
Ojalá estos sean los primeros en tomar conciencia de su valor y salgan a defenderla con todas sus fuerzas exigiendo nada más ni nada menos que el cumplimiento de la Ley.
Si no lo hacen serán cómplices de este crimen en proceso del que son además las víctimas.
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